El país estuvo paralizado por 12 días, sobre todo Quito. Cuantificar todas las pérdidas ocasionadas durante los días de vandalismo, caos y desestabilización es muy difícil. Aquí va una estimación.
Actividad económica. A nivel nacional se facturan en promedio $457 millones diarios. Según estimaciones de los gremios productivos (comercio, industrias, exportaciones, turismos, etc.), las protestas tuvieron un perjuicio aproximado del 30% en las ventas en todo el país. Es decir, el perjuicio habría ascendido a $1,590 millones en los 12 días de paro.
Recaudación fiscal. El golpe a las ventas afecta también al fisco. El pago de impuestos depende en gran manera de las ventas e ingresos que genera la economía. El Estado habría perdido alrededor de $140 millones por la ‘recaudación cesante’ producto de la paralización.
Ingresos petroleros. Los actos vandálicos llegaron hasta los campos petroleros en el oriente. Las pérdidas en activos producto de los desmanes estarían valoradas en más de $12 millones. Pero lo más grave es la afectación a la producción. Una veintena de campos petroleros tuvieron que interrumpir sus operaciones, dejando de producir 1.9 millones de barriles de crudo. Los perjuicios para el fisco superan los $101 millones.
Daños patrimoniales y materiales en Quito. Esto es lo más difícil de cuantificar. El valor histórico del patrimonio cultural de Quito es inconmensurable. Más de 200 piedras de la superficie original de la Plaza San Francisco no han sido recuperadas, por ejemplo. Las primeras estimaciones de daños materiales en el centro colonial de Quito superan los $500 mil.
Bienes públicos. Los bienes del Estado fueron el principal blanco de los actos terroristas. El edificio de la Contraloría General fue el más afectado tras el incendio y destrucción. En la Asamblea Nacional existen daños de más de $10 mil. Además, fueron afectados y destruidos 108 patrulleros, 7 motos, 26 unidades de policía comunitaria. A todo esto hay que añadir edificios de gobernaciones, oficinas de la judicatura, equipos y muebles de oficina, entre otros. Aunque estos daños aún no han sido valorados, las pérdidas podrían llegar hasta los $5 millones.
Bienes privados. No existe una valoración consolidada de los daños a viviendas, negocios y demás propiedades privadas. Cientos de negocios fueron saqueados y destruidos. El ataque a las instalaciones de Teleamazonas, diario El Comercio, antenas, universidades y demás marcaron el clímax de la barbarie y terrorismo. Las pérdidas son millonarias.
Vidas. Lo más lamentable de todo son las pérdidas irreparables. Al menos 6 personas habrían perdido sus vidas como consecuencia de la violencia propiciada por los vándalos infiltrados. Esto sin contar las afectaciones a la integridad física y salud de los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas provocada tanto por indígenas como por delincuentes.
Todo esto suma más de $1,848 millones en pérdidas para el país. Cifra que podría acercarse a los $2,000 millones considerando los daños no cuantificados a la propiedad privada en todo el país. ¿A quiénes se la cobramos? ¿Quién asumirá y enfrentará la justicia por los daños?
El principal rol del Estado en una democracia es garantizar la seguridad, física y jurídica, e integridad de los ciudadanos y de la propiedad. En un estado de derecho, absolutamente nadie está por encima de la ley y los culpables deben ser juzgados.
¿Quiénes deben pagar? Los responsables del caos, los promotores del terrorismo, los vándalos y delincuentes que provocaron los destrozos, los líderes responsables de las movilizaciones violentas. Todos ellos deberían enfrentar la justicia y reparar los daños.
Muchos están identificados. Si se organizaron para manifestar, que lo hagan para reparar.
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