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La noche de ayer, 2 de abril, el presidente Lenin Moreno anunció su Plan Económico con 4 ejes de acción y 14 medidas con las que pretende corregir cuatro problemas en el corto plazo: el excesivo nivel de endeudamiento, la necesidad de honrar obligaciones de gran magnitud, las desfavorables condiciones para la recaudación de ingresos fiscales, y la necesidad de recursos para obras y pagos atrasados extra presupuestados.
En realidad se trata de acciones cortoplacistas y no de un plan estructural a largo plazo. Y si bien no se anunció ninguna medida de impacto generalizado a la ciudadanía o a los negocios (algo que se ha visto positivo por la opinión pública), queda claro que la intención primordial es garantizar recursos económicos para el Estado para el resto de su gobierno. Hoy, 3 de abril, la ministra de Economía, María Elsa Viteri, brindó un poco más detalles sobre las propuestas fiscales. A continuación un breve análisis.
Plan de corto plazo para financiar el Presupuesto del Estado. Tal como lo aseguró el presidente Moreno, las 14 acciones de su Plan son medidas para solucionar problemas en el corto plazo. Fundamentalmente las necesidades de recursos para financiar el gasto público y las obligaciones del Estado durante el resto de su gobierno. De hecho, sus medidas le permitirán aumentar los ingresos tributarios del Estado en $5,614 millones entre 2018 y 2021, mientras que los gastos se reducirán solo $4,000 millones en el mismo periodo.
Sí hay incremento de impuestos y aranceles. La primera acción del plan de Moreno es recaudar más ingresos tributarios. Para esto incrementará los impuestos para los más ricos (ingresos netos anuales mayores a $ 100,000) quitándoles beneficios tributarios, como el crédito tributario por el ISD, deducciones del impuesto a la renta, la exoneración de las décimas tercera y décimas cuartas remuneraciones, entre otras. Además, incrementará al máximo posible los aranceles de 375 bienes de consumo para restringir las importaciones y aumentar la recaudación en unos $288 millones. Vale la pena remarcar que actualmente Ecuador (12%) ya supera el arancel promedio de la región (9%), mientras que Colombia (7%) y Perú (2%) posee aranceles muchos más bajos. Esta medida tendrá efectos nocivos en la producción y el empleo similar al provocado por las sobretasas arancelarias (salvaguardias) que tuvieron una afectación de 1.4% del PIB ($1,450 millones) durante su vigencia.
Remisión impositiva afecta la institucionalidad tributaria. Este tipo de instrumentos, que buscan recaudar las obligaciones pendientes de los contribuyentes exonerando intereses, multas y recargos, se ha hecho común los últimos años. Ecuador tuvo amnistías tributarias en 2007, 2008, 2015 y ahora en 2018, lo que da como resultado una remisión cada 2.5 años. Esto se debe en gran medida a los aprietos de las finanzas públicas y la urgencia de recursos para financiar el Presupuesto. Sin embargo, este tipo de acciones merman la institucionalidad y eficiencia de la administración tributaria promoviendo incentivos perversos para el incumplimiento de las obligaciones tributarias. De acuerdo a la ministra Viteri, existen unos $4,500 millones en juicios o procesos que pueden ser recaudados si se solucionan con agilidad.
Presidente promete reducción en tamaño del Estado. El Presidente ofreció una reducción de $1.000 millones anuales en el gasto de la Función Ejecutiva. Asimismo, se comprometió a la supresión de 7 de las 22 empresas públicas a cargo de su Función. La efectividad de esta medida dependerá de la eliminación real de dichas actividades dentro del Gobierno. Lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores es que se eliminan las instituciones pero se trasladan los funcionarios y algunas obligaciones a otras instituciones del Estado. Un ajuste definitivo y efectivo sería aquel que suprima totalmente tanto las funciones como la burocracia.
Se activa el plan para mantener vivo el endeudamiento. Mediante una agenda que incluirá la optimización (renegociación) de los contratos petroleros y de preventa, y la elaboración de un Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal, el Gobierno buscará los mecanismos para acceder a financiamiento público. Este mismo plan contempla déficits de hasta $6.000 millones por los próximos años, pero el límite de endeudamiento ya se habría sobrepasado según informó la Contraloría. Lejos de buscar la sostenibilidad fiscal, esta acción procurará la eliminación o el alza del techo de la deuda pública a fin de garantizar el financiamiento del Presupuesto los próximos años. La ministra Viteri también anunció la renegociación de las condiciones de la deuda con China, así como acercamientos con los multilaterales en busca de mejores términos de financiamiento.