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El proyecto de dinero electrónico empezó a ejecutarse en el 2012. Desde entonces han existido diversas regulaciones y reformas que han ajustado el modelo a los requerimientos del Gobierno. Dos años después la legislación al respecto sigue siendo débil y los riesgos se han acentuado. Todo apunta a que el Gobierno busca consolidar no solo una forma de financiamiento sino un sistema monetario paralelo o nuevo. Ahora lo llama ℮fectivo.
¿En qué consiste? En entregar al Banco Central del Ecuador (y ahora a los bancos y telefónicas que deseen ofrecer el servicio) dólares reales que serán acreditados en una cuenta personal o monedero electrónico. La cuenta podrá utilizarse desde cualquier teléfono celular.
¿Para qué sirve y cómo se usa? Para pagos, envíos y transferencias. Se usa por medio de un sistema USSD[1]. Es decir, a través de mensajes vía celular.
¿Dónde se puede usar? En los establecimientos y con los usuarios que acepten este tipo de pagos y posean cuenta de dinero electrónico. Puede revisar la lista aquí.
A pesar de que técnicamente la idea del dinero electrónico es muy buena[2], y los beneficios y usos muy atractivos, el esquema propuesto en Ecuador preocupa. El problema de fondo es que la administración del sistema está en manos del Banco Central del Ecuador (BCE). Situación que se agrava con su débil institucionalidad y la crisis de confianza (y de liquidez) que atraviesa el régimen.
La realidad es que el BCE no ha sido un buen administrador. En un artículo anterior comenté sobre las “Travesuras del Banco Central en dolarización”. Básicamente expuse cómo, a través de las nuevas disposiciones legales patrocinadas por el Ejecutivo, el BCE utiliza los recursos de sus depositantes (banca privada, banca pública, gobiernos seccionales, IESS, etc.) para financiar al Gobierno Central. Además, y más grave, cómo y por qué traslada el riesgo financiero del Gobierno al sistema financiero privado al tomar el dinero de las reservas bancarias para realizar préstamos al régimen. La situación ha empeorado desde entonces. El BCE ha prestado más de $1.500 millones al Gobierno y ha utilizado las Reservas Internacionales al punto que ya no cubren los depósitos del sector público y parte de las reservas bancarias. Por eso, el principal riesgo de que el BCE administre el dinero electrónico es que no reserve el 100% de las captaciones sino que en su defecto las use para financiar las arcas públicas.
¿Pero qué buscaría el Gobierno? Muchos monederos electrónicos y una chequera fiscal. Entre más usuarios gane la moneda virtual, más efectivo recaudará el BCE. Luego, con el uso masivo del dinero electrónico se legitimaría a sí mismo para utilizarlo para sus pagos a proveedores y servidores públicos. Eso le facilitaría la expansión del gasto público sin mucha necesidad de financiamiento sino a través de la “emisión monetaria” de dinero electrónico, algo que no puede hacer con el dólar americano. En otras palabras, a solicitar dinero electrónico al BCE sin o con poco respaldo en dólares. Por esa razón es que el oficialismo se ha valido de la legislación recientemente aprobada para introducir mecanismos e incentivos al uso del dinero electrónico. Sin embargo, lograr esto podría requerir algún tiempo. Pues tras cuatro años de implementación solo existen unos 66.000 usuarios que juntos no superan los $800.000 en total. Aquí es cuando toma sentido que en la Ley del Terremoto se haya dispuesto la liberación por un año de toda restricción del BCE para emitir dinero electrónico.
Por eso el dinero electrónico administrado por el BCE es un verdadero peligro para la dolarización. Si lo dicho anteriormente se cumple, es muy peligroso que las autoridades gubernamentales puedan “emitir” dinero sin respaldo para financiar las actividades del Estado. Pues si lo que el Gobierno busca es mantener el excesivo gasto público (que ya es insostenible) por esta vía, no pasará mucho tiempo para que los dólares no alcancen para cubrir todo el dinero electrónico que se haya emitido. Cuando eso pase nadie querrá los dólares electrónicos sino los reales, los verdes. Entonces dejaremos de recibir dólares cuando queramos cambiar el dinero virtual por el real, el BCE tendrá que imprimir el dinero electrónico para poderlo entregar a sus dueños, tendremos una nueva moneda devaluada y el Gobierno podrá seguir gastando. Volveríamos al sucre. El resto ya lo saben: inflación, deudas multiplicadas, costo de vida disparado, pobreza, etc.
Por eso, si de verdad el objetivo es la bancarización, y dadas las actuales condiciones económicas y políticas, lo más razonable sería promover la adopción de dinero virtual sin injerencia estatal. En Perú por ejemplo, el dinero electrónico solo puede ser emitido por el sistema financiero y administradoras de fondos privadas[3]. De lo contrario es inaceptable y la única opción prudente sería eliminarlo.
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[1] Para una mejor comprensión, el sistema USSD es el mismo que usan las telefónicas para brindar servicios como consulta de saldos, transferencia de saldos, etc. En Claro por ejemplo es el *123# y en Movistar el *120#.
[2] Bill Gates Says Cellphones Are The Key To Solving Poor People’s Banking Problems, Business Insider.
[3] Ley del dinero electrónico, Banco Central de Reserva del Perú.